Nació y vivió entre familiares juristas (notarios, abogados y jueces) que forjaron su vocación y marcaron sus principios y forma de desenvolvimiento profesional y social. Estudió bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Almería, marchando después a Granada a estudiar Derecho, en cuya Facultad se licenció con brillante expediente académico en 1929. Optó el entonces joven jurista por la oposición a la carrera fiscal, obteniendo plaza en la Audiencia de Cádiz, pasando después a Murcia para colmar un deseo residencial en su tierra natal almeriense, donde fue designado para continuar la propia función y categoría de abogado Fiscal en 1935. En la citada Audiencia almeriense ascendió pronto a Teniente Fiscal, encomendándosele oficialmente la Jefatura de la Fiscalía en 1954. Cinco años después, adoptó una nueva dimensión profesional, ocupando el cargo de Delegado Provincial de la Vivienda. Aquí destacó precisamente por el sesgo rigurosamente jurídico adoptado en los complejos temas político-administrativos que el campo urbanístico entraña (especialmente en el área de expropiaciones, planes, proyectos y adjudicaciones). En 1973 fue nombrado Presidente de la Diputación y, poco tiempo después, Jefe de la Junta de Obras del Puerto.

      Destacó en Almería, también en el importante cargo que desempeñó varios años de Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad –hoy Unicaja–, pues durante su etapa rectora se dio un gran impulso a la entidad con creación de nuevas oficinas y promoción de recursos humanos que se hizo notar en la calidad de los servicios al público. Su labor en este campo es comentada muy elogiosamente por el historiador y académico almeriense José Ángel Tapia. Ejerció la docencia privada preparando, como jurista que era, con notable éxito, oposiciones a la carrera judicial y fiscal.

      Fue el Sr. Oña también Procurador en Cortes por la Administración Local en representación de las Diputaciones y Mancomunidades Interinsulares Canarias. Ya en los colectivos reglamentados de Cortes se integró en la Comisión de Justicia, en cuyas tareas le fue reconocido el alto nivel de varias de sus ponencias. Tras esta corta etapa política, que se inició el 20.VII.1973, se reintegró definitivamente a su carrera jurídica, volviendo a ocupar la Jefatura de la Fiscalía almeriense y, en 1.976, en consonancia con su trayectoria profesional, fue designado Fiscal General del Tribunal Supremo, desempeñando tal cargo hasta la fecha de su jubilación acaecida en 1982.

      Durante su larga y variada actividad recibió las siguientes condecoraciones: Medalla de Oro de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (1972), Medalla de Oro de la Provincia de Almería (1974) y Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort (1976).